El Espectador en relación con el Programa Séptimo Día

El Espectador: en relación a la serie de programas de Séptimo Día titulados "la enfermedad desamparada".

La enfermedad desamparada

Dos millones de colombianos padecen trastornos mentales graves. Sólo uno de cada diez recibe tratamiento.

Podría hacerse una radiografía de la salud mental de los colombianos teniendo sólo en cuenta las cifras. Podría decirse que dos millones de personas en el país padecen trastornos mentales graves (esquizofrenia, depresión aguda o trastorno bipolar), que sólo una de cada 10 recibe tratamiento, que el 20% de los presos en Colombia tienen alguno de estos males o que en 2011 un total de 528.000 personas fueron diagnosticadas con enfermedad mental por las EPS del régimen contributivo. Las cifras serían suficientes para dimensionar el tamaño (y gravedad) del problema.

Pero también podría hacerse una radiografía escuchando sólo las voces de los afectados. La de un “paciente” que dice “quisiera estar en el cementerio. Allá sí voy a estar tranquilo. Me siento solo, con miedo de estar en la calle”; la de un psiquiatra que reconoce que “no hay ni las personas suficientes, ni los especialistas suficientes, ni las camas suficientes” para brindarles atención (adecuada, oportuna e integral) a las personas con enfermedad mental, y la de un paciente de esquizofrenia que confiesa “maté a los que más odiaba porque me llegó un odio que no pude soportar, de un momento, de la nada, del aire... un odio que no podía soportar”.

Durante cinco meses tres periodistas y tres productores de Séptimo día, junto con su director Manuel Teodoro y su subdirectora Luz Marina Giraldo, se adentraron en lo más profundo de la enfermedad mental, o “la enfermedad desamparada”, como titularon esta serie de tres programas que concluye hoy. ¿Cuál fue la hipótesis con la que partió este trabajo de investigación?

“Muchas personas no reciben un diagnóstico-adecuado de su enfermedad mental —dice Teodoro—. Este es un país que no le ha prestado la atención necesaria a este tema. Tenemos pocos psiquiatras y psicólogos para la magnitud del problema: por cada mil habitantes hay menos de cinco profesionales de la salud mental, mientras en Ecuador hay 20 y en Venezuela 22. El más grave de los problemas es que no hay diagnóstico”. A lo largo del especial hay una pregunta recurrente: ¿cuántos delitos, cuántos suicidios, cuántos homicidios habría sido posible evitar si se hubiera hecho un diagnóstico a tiempo o si las personas ya diagnosticas hubieran recibido el tratamiento adecuado?

No es difícil contestar esa pregunta. Basta escuchar la historia de doña Gilma Posada —que reconstruye Susana Suescún— y de su hija Irma Grajales, diagnosticada con esquizofrenia desde hace 25 años. “Ellos me dijeron que esa enfermedad no se curaba, pero que se trataba tomándose la medicación, que eso la tranquilizaba y la mantenía un poquito normal”, dice doña Gilma y su relato se va transformando en las peores de las tragedias.

El 13 de septiembre de 2010 su hija dejó de recibir los medicamentos que la Nueva EPS le había suministrado por 12 años. Argumentando que estaban actualizando el sistema, la EPS les exigió un certificado de la enfermedad que padecía Irma. Pasaron ocho días para conseguir el documento, ocho días en los que Irma dejó de recibir sus medicamentos y empezaron a despertarse en ella las ideas más delirantes, más alucinantes. En un episodio psicótico Irma mató a su papá. Fue encontrada horas después deambulando por las calles. “Yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso y le dañé la situación a todo el mundo en la casa”, dice, llorando, desde el hospital mental donde hoy continúa.

Otro drama es el que se vive en las cárceles, en las que viven 2.800 personas con enfermedad mental que están actualmente recluidas por haber cometido un delito. En Colombia, si un homicida logra demostrar que antes de cometer el delito había sido diagnosticado como enfermo mental grave —o incluso si lo hace durante el juicio— el juez puede declararlo inimputable y en lugar de remitirlo a una cárcel, debe trasladarlo a un hospital psiquiátrico para cumplir su condena. Sin embargo, la mayoría va a la cárcel porque no hay a dónde más enviarlos.

¿Está preparado el personal de la cárcel para manejar (rehabilitar) a este tipo de internos? ¿Hay tratamientos adecuados (integrales y oportunos) en prisión? “Nadie quiere trabajar con “pacientes psiquiátricos” (discapacidad psicosocial) ni con “enfermos mentales” (personas en procesos de salud mental), no se consiguen ni médicos ni trabajadores sociales (ni psicólogos clínicos, ni psicólogos ocupacionales, ni psicoanalistas), y el trabajo lo hacen funcionarios del INPEC”, reconoce el general Gustavo Ricaurte, director de este Instituto. ¿Y qué pasa con quienes cumplen su condena y tienen que suspender los medicamentos y la suerte de tratamiento que les brindan en prisión? Se estima que el 20% vuelve a reincidir, y que otro gran porcentaje termina en la indigencia, como le pasó a Jorge Lorenzo —en una historia que reconstruye Alejandra Rodríguez—: “Me tiré a las calles a sufrir las penalidades que se sufren dentro de ella, que son demasiadas. Hay que saber sobrevivir en la calle si no lo matan a uno o tiene que matar a otro”.

Según el más reciente censo, en el país hay aproximadamente siete millones de habitantes de la calle. Se estima que casi el ciento por ciento de ellos padecen algún GRADO de enfermedad mental (discapacidad psicosocial) y un gran porcentaje son psicóticos. Para sobrellevarlo, para escapar (en busca de alivio a su malestar (no enfermedad) de la enfermedad, muchos se entregan al consumo de sustancias-psicoativas. La mayoría de veces el efecto es peor. “Yo consumo y se me mete la perseguidora, yo consumo y me dan ganas de coger a otra persona y darle cuchillo, porque siento que me van a romper, que me van a matar”, dice uno de los testimonios recogidos en Diego Guauque, en la última parte de este especial. DB Glosario

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